Dvuelta, una empresa creada en 1995 con la finalidad de defender los derechos de los conductores españoles ante los abusos de las Administraciones Públicas, ha realizado un estudio para determinar si era cierta la percepción de los conductores de Tarragona que consideraban que en sus carreteras el número de radares parecía muy alto. Efectivamente: Tarragona es la segunda provincia con más radares en sus carreteras, 40, seguida por Lleida con 38 y Girona con 37. La medalla de oro se la lleva Barcelona: 104 radares. Resumiendo: Catalunya casi cuadriplica la media nacional de radares por 1.000 km de vía, de 5,09.
A esta Comunidad Autónoma la sigue de cerca el País Vasco (13,53 por 1.000 km). Curiosamente, denuncia Dvuelta, «son las dos comunidades autónomas en las que están transferidas las competencias en materia de tráfico donde mayor es la presión sancionadora, sin que los datos de siniestralidad se correspondan con tal presión, puesto que sus índices son peores que los del conjunto de todo el país». Estos datos llevan a Dvuelta y a muchos conductores a considerar que la intención es recaudar y no salvar vidas.
Críticas a los radares
Según el diaridetarragona, las críticas contra los radares consistentes en que su afán es meramente recaudatorio y no que su verdadera intención es el evitar accidentes se valen de varios argumentos entre los que destaca el hecho de que los radares no se encuentran en puntos negros, es decir, puntos en los que la concentración de accidentes es superior a la media.
Un porcentaje muy alto de los radares se encuentran en tramos de escasa peligrosidad y en donde el índice de siniestros no es alto, por ejemplo, los dos radares ubicados a la AP-7 a su paso por Ulldecona, un tramo sin riesgo que, sin embargo, cuenta con los dos dispositivos que más multas ponen. Sin embargo los dos enclaves más peligrosos de Tarragona carecen de radar; se encuentran ubicados en la Nacional 420, en el tramo que enlaza Móra d’Ebre y Móra la Nova (kilómetros 823 y 824), y en la Nacional 240, en el punto kilométrico 31, a su paso por el Coll de Lilla.
Los conductores se preguntan si, por lo tanto, los radares tienen como finalidad el evitar accidentes y no el recaudar dinero, en vez de preguntarse si no es lamentable que tengan que necesitar radares y controles de alcoholemia para conducir con precaución sin exceder los límites de seguridad marcados por las autoridades para evitar, precisamente, que haya accidentes. «Si quisieran evitar accidentes los pondrían en los lugares más peligrosos, no en la autopista, donde están simplemente para cazar», declara al diaridetarragona un joven que se desplaza cada día a Castellón y que asegura tener «decenas de testimonios de conocidos multados en la AP-7».
Consecuencias del exceso de velocidad
Los conductores que se quejan de que los radares ponen multas olvidan que si las ponen es porque los multados han sobrepasado los límites de velocidad marcados en la vía.
Es estremecedor un informe publicado por la DGT en la que se determina que uno de cada cuatro fallecidos en accidente de tráfico lo es a causa de la velocidad, es decir: 500 personas fallecen al año por exceso de velocidad en nuestro país. En 2012, 447 personas fallecieron y 1.746 resultaron heridas graves en accidentes en los que la velocidad fue uno de los factores concurrentes.
El jefe del Servei Territorial de Trànsit en Tarragona, Eusebi del Olmo, declaraba al diari que si bien «los radares no son la solución mágica para reducir la siniestralidad», «los accidentes graves se han reducido en un 70% en los tramos donde se halla instalado uno de estos aparatos». Creo que estas cifras deberían hablar por sí solas.
Nos gusta correr y no nos importan las consecuencias: en 2012 en carreteras convencionales el 39% de los vehículos superan la velocidad límite establecida y el 13% en más de 20 kilómetros, el doble que en autopistas y autovías.
Parece, por lo tanto,que un año más se alzan las protestas bajo las que subyace un deseo de apretar el pie en el acelerador y no una preocupación real porque se coloquen radares en puntos negros. No obstante, con un poco de suerte quizá prospere este año la proposición que realizó el año pasado el diputado de CiU por Tarragona en el Congreso de los Diputados Jordi Jané, portavoz de la formación nacionalista en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad, y que fue aprobada por unanimidad, en la que instaba al Gobierno a colocar los radares en aquellos tramos de carretera donde haya una mayor historia de accidentes de tráfico y anunciándolos con anticipación.
Mientras unos y otros siguen en una confrontación directa por la verdadera intención de los radares sólo nos queda decirles que sea cuál sea ustedes no corran: no queremos que nuestros lectores sean un número que sume 500.